Elmer Leroy
El tema del maíz transgénico se ha convertido en todo un debate entre investigadores, científicos, organismos gubernamentales, ambientalistas, organizaciones sociales de agricultores y empresas elaboradoras de semillas (Organismos Genéticamente Modificados), debido principalmente a las alteraciones que podría ocasionar a la biodiversidad la introducción de estas variedades modificadas de Maíz.
Desde septiembre del 2001 cuando se publicó por primera vez el artículo sobre la presencia de maíz Transgénico en México en la revista Nature, el resultado del estudio científico realizado por Quist and Chapela provocó todo un escándalo en nuestro país que desató una serie de controversias en diversos sectores de la sociedad.
Ambos investigadores comprobaron la existencia de trazas de maíz transgénico en el estado de Oaxaca, mediante la técnica PCR denominada reacción en cadena de la polimerasa, la cual los llevó a detectar el ADN transgénico en cuatro de las seis muestras que seleccionaron. Los estudios continuaron en Estados como Puebla donde también los resultados fueron positivos en las dos muestras seleccionadas, le siguieron Michoacán (2002) y Guerrero (2003).
Uno de los laboratorios mexicanos que realizó una evaluación de la presencia de transgenes en maíces criollos de Oaxaca y Puebla fue el departamento de ecología evolutiva en el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México a cargo de la doctora Elena Álvarez Buylla Roces, quien calificó la frecuencia de dos marcadores genéticos presentes en el maíz transgénico.
Álvarez Buylla Roces encontró el promotor CaMV35S (Virus del mosaico de la coliflor) y el terminador NOS en las muestras analizadas, resultados que expresaron la presencia alteración en los rasgos genéticos de los maíces criollos colectados en ambos Estados.
La situación encontrada por los investigadores ha llevado a diversos sectores a realizar un análisis a conciencia sobre las repercusiones que resulten de la introducción de los transgénicos como cultivo de unos de los principales granos básicos de México.
Sin embargo existen empresas que se discuten las autorizaciones de los gobiernos para llevar a cabo la introducción de maíz transgénico, manifestando una mayor producción, y un menor gasto en su cultivo. Lo cierto, es que las plantas transgénicas actualmente son más resistentes a las plagas ya establecidas, sin embargo la duda surge cuando los investigadores se preguntan qué pasará si la contaminación de otras especies con transgénicos genera cambios en el ecosistema. Por ejemplo, considerando la acción resistente a plagas, si plantas contaminadas por transgénicos son consumidas por insectos, ¿habrá efectos sobre sus poblaciones?
El fenómeno de la introducción del maíz transgénico en México da la sensación de que depende más a intereses económicos que de resolver el problema de la creciente demanda del grano, ya que desde la firma del tratado de libre comercio con América del Norte (1994) los mexicanos hemos estado obligados a adquirir millones de toneladas de maíz a los Estados Unidos, mismas que hasta ahora el gobierno no ha informado sobre su calidad.
En México se producen 22 millones de toneladas de maíz al año y el consumo es de 32 millones, es decir se importan al menos 10 millones. Del total cultivado en el país entre 12 y 15 millones se consumen como alimento humano (nixtamalizado), sin embargo no hay un control sobre el grano que se importa.
Para una nación que ocupa este grano como materia prima principal para la elaboración de las tortillas, alimento insustituible en los hogares y que se suministra de manera directa al organismo, el consumo de este grano podría traer consecuencias graves en la salud de las personas. Un estudio que fue publicado en diciembre del 2009 en el International Journal of Biological Sciences por los investigadores franceses Gilles y Séralini, demostró que tres variedades de maíz modificado genéticamente por la transnacional Monsanto pueden ocasionar problemas a la salud, sobre todo daños en los riñones y el hígado. Una de esas variedades es la NK603, la cual fue autorizada por la SAGARPA para cultivarse experimentalmente en Chihuahua, Tamaulipas y Sinaloa. Actualmente, agricultores de esos estados llegan a las diferentes centrales de abasto del país a comercializar el producto.
La investigación demostró la toxicidad de dichos granos, tal como lo diera a conocer en ese mismo año el Comité Independiente para la Investigación e información sobre Ingeniería Genética (Criigen) con sede en Caen, Francia. Por lo tanto dejaron al descubierto que esos organismos genéticamente modificados (OGM) no son suficientemente sanos para comercializarse.
Frente a ese escenario existen países como Francia, Luxemburgo, Grecia, Hungría, Polonia y Alemania, que se han opuesto a la introducción de maíz transgénico en su variedad Mon 810, un maíz Bt de la empresa Monsanto que es resistente a los insectos.
Ante la falta de mas investigaciones sobre los riesgos que representan para la salud el uso de transgénicos, en nuestro país desde el 2009 el gobierno federal dio autorización al uso experimental de maíz transgénico. A pesar de que en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados a la letra dice en su artículo 67: “No se permitirá la experimentación ni la liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado que contenga características que impidan o limiten su uso o consumo humano o animal, o bien su uso en procesamiento de alimentos para consumo humano”, los permisos fueron otorgados a las compañías proveedoras de las semillas.
La falta de información en los consumidores dejó a un pueblo en medio de una vulnerabilidad ante nuevas enfermedades, cuyos resultados de sus consecuencias podrían notarse en un lapso de entre 10 y 20 años tal como lo señalan los expertos. A esto se le suma la falta de un marco jurídico adecuado para reglamentar esta clase de actividad, sobre todo porque en la Ley General de Salud, no existe un artículo que obligue a los gobiernos en los Estados donde se está experimentando el cultivo de transgénicos, a tomar medidas precautorias o de investigación, ni la sanción a estas compañías o entes comerciales de transgénicos ante el surgimiento del brote de alguna enfermedad en las personas que consuman sus productos.
Las leyes hasta ahora se encuentran limitadas y carecen de una buena defensa para la sociedad, que quizás sea la más afectada frente a los posibles daños, pues se desconoce si existe un estricto control tal como lo establece la norma oficial mexicana NOM-056-FITO-1995.
La falta de una política agropecuaria que planee los cultivos que se necesitan en el país para evitar las fuertes importaciones, así como para propiciar los cultivos criollos como el maíz, ha traído como consecuencia que empresas como Monsanto y Dupont aprovechen la oportunidad y nos vendan una versión modificada de este cultivo que por muchos años ha significado la subsistencia en el autoconsumo de miles de familias.
Si nos convertimos en una sociedad pasiva, carente de una ideología que defienda los intereses de la naturaleza en nuestra nación, lo único que podemos esperar es que nos volvamos dependientes o esclavos de los países que poseen las patentes de dichas semillas, de lo que en un momento fue parte de nuestros orígenes, de nuestra identidad y de un cultivo de autoconsumo que nos mantuvo como civilización durante muchos años.
